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Ben Ramos

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Assassinated

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Defended causes :

Filipinas: el abogado y defensor de los derechos humanos Ben Ramos, asesinado hace un año.

7 de noviembre de 2019.

Ben Ramos, abogado y defensor de los derechos humanos, fue cobardemente asesinado hace un año (6 de noviembre de 2018) en la isla de Negros, en Filipinas. Fue el 34º abogado asesinado en Filipinas desde la elección del actual presidente Duterte y estos ataques contra los abogados van en aumento.

Ben Ramos fue director de la ONG Grupo de Desarrollo de la Paz (PDG), creada en 1987 para contribuir al desarrollo de las comunidades rurales de la provincia de Negros Occidental. A pesar de las amenazas de muerte contra él, Ben Ramos continuó trabajando en la defensa de los pequeños agricultores, en la prestación de asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a los presos políticos y a otros defensores de los derechos humanos atacados.

Fue asesinado fuera de una tienda en Kabankalan por asesinos no identificados que huyeron en una motocicleta después del tiroteo.

Desde su asesinato, la situación ha empeorado para los miembros del equipo de PDG que recibieron amenazas de muerte. 38 personas fueron asesinadas en Negros en 2019 (incluyendo activistas campesinos y defensores de los derechos humanos) y 57 personas, en su mayoría miembros de organizaciones de derechos humanos, fueron arrestadas en redadas en su lugar de trabajo o en su casa en la ciudad de Bacolod el 31 de octubre de 2019.

Pocos meses antes de su asesinato, Ben Ramos, al igual que muchos otros, fue sometido a un “red-tagging”, un método para acusar oficialmente a los defensores de los derechos humanos de ser “enemigos del Estado”, en relación con el Nuevo Ejército Popular Comunista (NPA). Esta práctica, combinada con la cultura de la impunidad, ha sido identificada por las misiones de investigación nacionales e internacionales como una de las principales causas de las ejecuciones extrajudiciales en Filipinas en el pasado y continúa en la actualidad.

La senadora Leila De Lima destacó la inacción del gobierno al responder a los llamados para investigar los ataques y asesinatos sistemáticos de abogados filipinos en el país. El senador señaló que unos 27.000 filipinos han sido injustamente asesinados desde que el presidente lanzó su guerra total contra las drogas en 2016, incluidos jueces, abogados y fiscales cuyas profesiones ponen en peligro sus vidas. Según ella, al menos 41 jueces, fiscales y abogados fueron asesinados en julio de 2019.

El jueves 6 de noviembre de 2019, se denunció un nuevo asesinato de un profesional del derecho. El juez Mario Anacleto Bañez fue asesinado a tiros por hombres no identificados a última hora de la tarde, que luego huyeron. Es el quinto juez asesinado desde el comienzo de la administración del Presidente Duterte.

[...]

El senador De Lima ha presentado una resolución en el Senado instando al gobierno de Duterte a hacer todo lo posible para investigar las ejecuciones extrajudiciales no resueltas contra abogados filipinos y para detener los ataques contra ellos.

La incapacidad de nuestro gobierno para impedir estos asesinatos continúa a pesar de que los organismos y expertos de la ONU ya han expresado su preocupación por las ejecuciones extrajudiciales en el país, como lo demuestra la adopción de la resolución 41/L.20 por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado mes de julio“, dijo.

En dicha resolución del Consejo de Derechos Humanos, apoyada por 18 países, se instó a Filipinas a “tomar todas las medidas necesarias para prevenir las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, llevar a cabo investigaciones imparciales y hacer que los autores rindan cuentas, de conformidad con las normas y estándares internacionales…”.

 

El OIAD, Lawyers for Lawyers y 150 colegios de abogados nacionales o internacionales y organizaciones de abogados y profesionales del derecho de 49 países también pidieron a la administración Duterte que adoptara las medidas necesarias para poner fin a los ataques contra los abogados en el país en una declaración conjunta el pasado mes de septiembre.

Además, la Facultad de Derecho de la Universidad de Filipinas emitió el pasado lunes una declaración conjunta en la que expresaba su profunda preocupación por las acusaciones contra profesores de derecho filipinos y miembros del Colegio de Abogados de Filipinas (Integrated Bar of the Philippines – IBP): “Las acusaciones no son más que puro acoso, intimidación e injerencia indebida en su función profesional”, dice la declaración.

La Facultad de Derecho citó los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de las Naciones Unidas (1990), en los que se pide a los gobiernos que garanticen que “Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas” (Principio Nº 16).

 

El OIAD presta pleno apoyo a los abogados filipinos amenazados en el desempeño de sus funciones profesionales, así como a todos los defensores de los derechos humanos en Filipinas.

El OIAD insta a las autoridades filipinas a que investiguen con prontitud, imparcialidad y transparencia las ejecuciones extrajudiciales y los ataques contra abogados a fin de identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

El OIAD pide a las autoridades filipinas que cumplan los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de las Naciones Unidas (1990) a fin de garantizar la seguridad y la integridad física de los abogados, incluso mediante la aplicación de medidas de protección adecuadas:

Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada” (Principio Nº 17).