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Proyecto de reforma del proceso penal en Irán: un paso más en la limitación de los derechos de la defensa.

22 de mayo de 2019.

El Código Procesal Penal iraní ya fue ampliamente denunciado por los defensores de los derechos humanos: su artículo 48 obliga a las personas acusadas de delitos contra la seguridad nacional a elegir a su abogado de entre una lista de 20 abogados designados por el Estado. La OIAD había denunciado anteriormente esta grave violación de los derechos de la defensa.

La situación podría empeorar con un proyecto de enmienda propuesto el 6 de mayo por la Comisión Parlamentaria encargada de los asuntos judiciales. Aunque el texto de este proyecto de enmienda aún no se ha publicado, el portavoz de la Comisión ha anunciado su contenido.

La enmienda propuesta permitiría denegar a determinados acusados el acceso a un abogado durante un período inicial de 20 días, que podría ser ampliado por la autoridad judicial a toda la fase de investigación.

Su ámbito de aplicación es muy amplio, ya que se trata de personas acusadas de delitos relacionados con la seguridad nacional, el terrorismo o la “corrupción financiera”, así como de cualquier persona condenada a la pena de muerte, la cadena perpetua o la amputación.

Como ha explicado Amnistía Internacional, el proyecto de enmienda no especifica qué autoridades serían competentes para dictar la prohibición inicial o su prórroga. Tampoco se especifican los criterios según los cuales se impondría esta prohibición: el proyecto se limita a indicar que la autoridad judicial puede utilizarla “si lo considera necesario”.

Este proyecto es alarmante en tanto que regularmente se presentan cargos de seguridad nacional contra defensores de los derechos humanos -como los abogados Nasrin Sotoudeh y Amir Salar Davoodi– y varios tipos de opositores al régimen.

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El Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo (OIAR) condena enérgicamente las limitaciones impuestas por las autoridades iraníes a los derechos de la defensa y recuerda que, según los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados (1990), “Toda persona está facultada para recurrir a la asistencia de un abogado de su elección para que proteja y demuestre sus derechos y lo defienda en todas las fases del procedimiento penal” (Principio nº 1).

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